El proceso preliminar por la presunta red de policías acusada de sustraer casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas concluyó este martes con un elemento que vuelve a poner el foco sobre la rendición de cuentas: dos de los imputados están negociando con el Ministerio Público en una causa que reabre las dudas sobre los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que el 29 de julio dará a conocer su decisión sobre si el expediente pasa o no a juicio de fondo. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, para quien solicitó cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, a quien pidió 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
De acuerdo con la acusación, ambos cumplían funciones esenciales en la parte operativa de la organización que sustrajo las municiones. El acuerdo también prevé el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de varias municiones y armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en su local.
En el expediente también aparecen el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, identificado como encargado del departamento; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos. Figuran además el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las negociaciones procesales, el caso deja planteado un contraste difícil de obviar entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción cometida dentro de la propia estructura policial. En un escenario de desgaste sobre la gestión de seguridad y de mayor demanda ciudadana de vigilancia real sobre el poder, la decisión que adopte el tribunal será observada como una prueba de hasta dónde alcanza la respuesta del sistema ante una falla de alto impacto institucional y social.