La decisión parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de no devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte imputado en una red de sobornos, vuelve a encender alertas sobre el alcance que tuvo una estructura de cobros ilícitos en instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. Lejos de ser un asunto accesorio, la resolución judicial mantiene vigente la presión por fiscalizar un caso que toca servicios públicos esenciales y reabre las preguntas sobre las explicaciones que aún faltan en el aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas rechazó en parte la petición del imputado para recuperar bienes ocupados durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo indicó que la magistrada consideró que esos efectos podrían pedirse más adelante en decomiso y que no estaba en condiciones de ordenar su entrega. El órgano acusador afirmó, sin embargo, que no se opuso a la devolución de objetos sin valor para la investigación, aunque no precisó cuáles eran, y tampoco se detallaron los efectos cuya restitución fue negada.
Fernández Espinal, vinculado a la red que afectó negativamente a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, es uno de los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese dato agrava el cuadro institucional: no se trata solo de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, áreas donde cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la exigencia de rendición de cuentas en un contexto en que el oficialismo ha intentado sostener un relato de pulcritud mientras siguen apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa esté entre las entidades afectadas añade un frente especialmente delicado para la ciudadanía, porque vincula la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese escenario, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan sensibles, la discusión deja de ser solo judicial y pasa también a ser política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve todavía más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.