La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de clausurar la unidad especial que investigaba las adopciones ilegales durante la dictadura chilena ha provocado indignación entre las víctimas y reaviva las alertas sobre un retroceso institucional en una materia de verdad y reparación. La medida afecta a una estructura pensada para coordinar búsquedas y facilitar reencuentros, en un caso marcado por décadas de demora y por miles de familias que aún esperan respuestas.
Marisol Rodríguez, fundadora y presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), dijo a EFE que la principal organización de víctimas del país recibió la decisión como «un balde de agua fría que dificulta el camino a la verdad». «No esperábamos esta decisión, teníamos la idea de que esto iba a seguir, teníamos noticias de que había disposición y hasta se nos habló la semana pasada que se iba a trabajar en la implementación. Nos indigna profundamente», señaló.
La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había sido creada en febrero, un mes antes del cambio de gobierno. Su cometido era articular a distintas instituciones en los procesos de búsqueda y ayudar en los reencuentros de los más de 20.000 niños que se estima fueron sustraídos y separados de sus familias biológicas.
Rodríguez advirtió que la organización tiene detectados más de 10.000 casos y recordó que actualmente hay más de 1.600 causas judiciales abiertas. También indicó que el ministro a cargo de la causa ha cifrado en 23.000 los niños sacados de Chile desde 1983, sin contar los casos anteriores, que se remontan a la década de 1950. El cierre de la unidad, en ese escenario, agranda la distancia entre cualquier discurso de orden institucional y una decisión que deja menos herramientas para esclarecer hechos ya judicializados.
Aunque existen registros de estas prácticas desde los años 50, fue durante la dictadura cuando se concentró la mayor parte de los casos, con participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, y con un impacto especialmente duro sobre madres jóvenes y de pocos recursos. Las denuncias empezaron a salir a la luz en 2014 y la Justicia abrió una investigación en 2018. Con ese antecedente, la clausura de la unidad no parece un ajuste administrativo menor, sino una decisión política que aumenta la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas frente a víctimas que siguen esperando verdad.