Las denuncias de miembros del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) vuelven a poner bajo escrutinio a otro servicio público cuestionado por su atención a los ciudadanos. De acuerdo con los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia atravesó un trato hostil durante el proceso, en contraste con la obligación institucional de actuar con dignidad y lo que ahora se denuncia.
Emilio Fernández afirmó que, desde el comienzo, los parientes recibieron un trato insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, expresó, al referirse a la falta de comunicación y de humanidad en un momento de duelo.
Orestes Amador, por su parte, sostuvo en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver le impidieron a la familia despedirse de su ser querido de manera digna. Además, calificó la situación de inaceptable y pidió esclarecer qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del episodio concreto, los reclamos apuntan a un problema institucional: revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a los familiares que acuden al Inacif en medio del dolor. Los actores reclamaron que las autoridades competentes investiguen lo sucedido, determinen responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Por ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio incrementa la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se topa con instituciones cerradas, sin información y lejos de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.