La muerte por ahogamiento de una niña de 11 años en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de vigilancia y control con que operan espacios abiertos al público, donde el pago de una entrada no puede sustituir la responsabilidad sobre la seguridad de los menores.
La víctima, Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana, se encontraba en el lugar acompañada solo por su hermano de ocho años. Según el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, la menor falleció por asfixia por sumersión.
Las pesquisas preliminares establecen que ambos niños entraron al establecimiento tras pagar la cuota de acceso, sin la presencia de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato, lejos de cerrar el caso, refuerza las interrogantes sobre los protocolos reales de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió el acceso de dos menores sin acompañamiento a un área de riesgo evidente.
Como parte de la investigación, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, para determinar en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
Más allá del proceso en curso, el caso deja un resultado imposible de maquillar: una menor murió en un establecimiento que recibía público. La investigación deberá establecer responsabilidades concretas, pero la tragedia ya reabre una alerta institucional sobre la fiscalización efectiva de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.