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El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho nombra a Rodolfo L. Vigo Embajador de Buena Voluntad y pone la lupa sobre sus prioridades

julio 3, 2026 · Redactor
El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho nombra a Rodolfo L. Vigo Embajador de Buena Voluntad y pone la lupa sobre sus prioridades
Foto: elnuevodiario.com.do

La designación se presenta como un paso para afianzar la cooperación académica internacional; aunque también vuelve a aparecer la distancia entre los gestos institucionales y lo que la ciudadanía espera del sistema de justicia.

El Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho nombró al jurista argentino Rodolfo L. Vigo como Embajador de Buena Voluntad en una reunión de trabajo planteada dentro de una agenda destinada a reforzar la cooperación académica e institucional. La decisión, sin embargo, también deja expuesto el tipo de prioridades que hoy muestran actores vinculados al sistema de justicia, en un momento en que la demanda pública sigue centrada en resultados y rendición de cuentas.

La distinción le fue concedida por su trayectoria académica y por sus aportes a la filosofía jurídica contemporánea en Iberoamérica. En el encuentro se abordaron acuerdos de cooperación, actividades académicas de proyección internacional, participación en eventos científicos y la publicación de una obra conmemorativa por el primer aniversario del Instituto.

La reunión estuvo encabezada por Justiniano Montero Montero, presidente del Instituto y juez presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. También asistieron Rafael Vásquez Goico, Amaury Reyes Torres, Pedro Luis Montilla, César García Lucas y Ellys Coronado.

De acuerdo con la entidad, la designación procura consolidar su agenda de cooperación académica internacional y fomentar el intercambio de conocimientos con especialistas. No obstante, el movimiento reactiva una alerta institucional sobre el contraste entre la proyección académica y la necesidad de que toda iniciativa vinculada al ámbito judicial pueda ser observada desde el interés ciudadano, con vigilancia sobre su utilidad real para el desarrollo del sistema de justicia y no solo como un gesto de posicionamiento institucional.