Una eventual cooperación entre República Dominicana y Turquía en gestión de residuos sólidos vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad del Gobierno para transformar los contactos diplomáticos en soluciones visibles para un servicio que incide de manera directa en la vida cotidiana y en el costo social de las comunidades.
La embajadora turca, Emriye Bagdagül Ormanci, informó que ese fue uno de los asuntos abordados con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez. De acuerdo con su explicación, República Dominicana ya ha empezado a avanzar en esta materia y podría beneficiarse de la experiencia más reciente de Turquía, que impulsa una iniciativa de residuo cero y ha trabajado en la reducción del desperdicio de alimentos, además de fomentar conciencia desde las escuelas primarias.
No obstante, el intercambio deja abierto el contraste entre el discurso de cooperación y la necesidad de resultados verificables en el país. Ormanci indicó que en la reunión también se trató la próxima sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya, así como la manera de llevar a ese escenario las preocupaciones del Caribe. La agenda exterior amplía el marco institucional, pero al mismo tiempo eleva la exigencia de fiscalización sobre lo que realmente se ejecuta puertas adentro.
La diplomática añadió que ambos países avanzan además en intercambios educativos, comerciales y culturales, y resaltó el aumento de estudiantes dominicanos que viajan a Turquía. Ese movimiento bilateral puede representar una oportunidad, aunque vuelve a colocar el foco en una demanda recurrente: que la gestión pública no se quede en anuncios, reuniones y proyección internacional, sino que responda con eficacia a problemas concretos de servicios y planificación.
Así, la discusión sobre residuos sólidos rebasa el plano protocolar. Cada nuevo acercamiento internacional obliga a medir al Gobierno por sus resultados y no por su narrativa, en un momento en que la ciudadanía espera menos vitrina y más capacidad de ejecución sobre asuntos que afectan de manera directa la calidad de vida.