SANTO DOMINGO.- Las nuevas medidas tributarias y el encarecimiento de los servicios ya no generan reparos solo en la oposición: en el Congreso, incluso voces del PRM han admitido que el paquete tendrá un efecto directo en la economía de los dominicanos, en contraste con el discurso oficial y con la carga que termina recayendo sobre las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y aseguró que contradicen la promesa del Gobierno de no perjudicar la economía familiar. Además, objetó el aumento en los combustibles, al considerar que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y criticó la subida de la tasa por salida aérea por el mayor costo que supone para los viajes de las familias dominicanas.
José David Báez, desde otra bancada opositora, dijo que ya se había advertido sobre las consecuencias de promover medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su juicio, las nuevas disposiciones empujarían a muchos ciudadanos a manejar más dinero en efectivo, con el riesgo que eso implica para la seguridad ciudadana, y evidencian el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se acentuó cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, reconoció que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes utilizan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Con ese panorama, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana terreno al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.