Un caso de presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a poner en cuestión la capacidad de vigilancia del sistema de protección, después de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la supervisión de ese establecimiento, mientras el expediente continúa en manos del Ministerio Público.
La entidad sostuvo que actuó “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, aunque el hecho de que la intervención se produjera tras las denuncias y terminara con la detención de las personas responsables del centro acentúa el contraste entre la respuesta institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
Según explicó CONANI, su Oficina Regional Higuamo formó parte del operativo a solicitud de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Las autoridades a cargo de la investigación indicaron, además, que los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el debido proceso, el caso deja una advertencia institucional difícil de soslayar: si hizo falta una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ya no pasa solo por acompañar el expediente, sino por aclarar cómo funcionaba el centro bajo la supervisión de los organismos llamados a vigilarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya fue denunciado.