La economista Clara González ha calificado como «oportuna» la reciente decisión del Gobierno de reducir los gastos operativos en las instituciones públicas, en un intento por mitigar el impacto de la crisis internacional. Sin embargo, esta medida plantea interrogantes sobre la verdadera eficacia de la gestión gubernamental y si realmente se están priorizando las necesidades de la población.
A pesar de las afirmaciones de que estas acciones buscan mejorar la eficiencia del gasto y proteger a los sectores más vulnerables, el contraste entre el discurso oficial y la realidad observada en la economía dominicana es alarmante. La inflación, que se prevé cierre 2026 en un promedio del 5.0 %, y el estancamiento en el crecimiento económico global, evidencian que las medidas adoptadas podrían ser insuficientes para enfrentar la crisis.
La economista también mencionó la volatilidad de los precios de los combustibles y alimentos, lo que resalta la necesidad de una vigilancia constante y una rendición de cuentas más efectiva por parte del Gobierno. La pregunta que queda es si estas medidas son realmente un paso hacia la estabilidad o simplemente una respuesta tardía a una crisis que ya afecta a la población.