La decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de convocar la evaluación de 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) encendió llamados de vigilancia sobre un proceso que, más que disipar dudas, ha puesto sobre la mesa exigencias de transparencia, respeto al debido proceso y eliminación de conflictos de interés en la cúpula judicial. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y las plataformas de veeduría de Participación Ciudadana coincidieron en reclamar reglas claras y acceso a las actas de evaluación.
La advertencia más fuerte llegó del CARD, que habló de una “distorsión institucional” si el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, participa dentro del CNM mientras se mantienen aspiraciones de continuidad en el tribunal. Su presidente, Trajano Potentini, planteó separar el rol constitucional del magistrado en el Consejo de cualquier interés de permanencia y llamó a preservar el equilibrio del proceso. En esa misma línea de fiscalización, FINJUS recordó que la evaluación de desempeño de los magistrados en funciones no equivale a un nuevo concurso ni a una expiración automática de sus períodos, por lo que insistió en que el sustento debe ser estrictamente constitucional.
Ante esos reparos, la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch defendió la oportunidad de la convocatoria y la independencia del órgano constitucional. Aun así, el intercambio de posiciones dejó en primer plano una señal de alerta institucional: en un proceso llamado a reforzar la confianza, los reclamos de la sociedad civil y de los gremios muestran que la legitimidad de las decisiones dependerá de cuánta rendición de cuentas ofrezca el CNM y de si logra despejar, con hechos, la distancia entre el discurso de institucionalidad y las dudas que ya rodean la evaluación.