La COVID-19 dejó en evidencia que un virus puede paralizar economías, cerrar fronteras, vaciar escuelas y universidades y llevar al límite cualquier sistema de salud pública. Aun así, el balance que recoge el texto es el de una lección que no termina de asumirse: los países todavía no incorporan plenamente el impacto humano y social de aquella crisis, mientras siguen sin atenderse secuelas como la ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar que afectaron la salud mental de la población.
La advertencia también señala fallas estructurales que continúan pesando sobre los ciudadanos. El texto destaca el abandono de las personas con enfermedades mentales y cuestiona que, para el Sistema de Seguridad Social y las Administradoras de Riesgos de Salud, en la práctica ni siquiera existan. A partir de esa experiencia, sostiene que la atención primaria, la ciencia, la investigación y la protección del personal sanitario debieron convertirse en prioridades nacionales, junto con una medicina preventiva y una vigilancia epidemiológica sólidas.
Aunque la OMS y expertos sanitarios han emitido alertas, la indiferencia ha prevalecido. El riesgo no es abstracto: se han señalado virus y bacterias con capacidad de propagación mundial, entre ellos SARS-Cov, SARS-Cov2, virus Marburgo, virus Nipah y Henipavirus, cepas de influenza H5N1 y H10, la viruela símica, además de bacterias resistentes a antibióticos de última generación. También se mencionan la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre de Lassa y el Ébola. El contraste entre lo vivido y la falta de preparación vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas antes de que otra emergencia vuelva a golpear a la población.