El presidente Luis Abinader reconoció este lunes que la expansión de los alquileres de corto plazo tipo Airbnb puede estar presionando el precio de la vivienda, no tanto por el arrendamiento en sí, sino por la compra de apartamentos para colocarlos en esas plataformas. Ante ese impacto sobre el acceso habitacional, el Gobierno dominicano informó que la regulación del sector todavía “se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”, una respuesta que deja abierta la exigencia de vigilancia sobre un mercado que ya incide en los costos.
La admisión se produjo durante un intercambio sobre el costo de la vida, en el que también se planteó que el sector construcción crece, pero el índice de precios de la construcción sube y el financiamiento sigue “caro” para buena parte de la clase media. En ese contexto, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió que la comparación correcta es con décadas anteriores y recordó que en los años noventa las tasas promedio andaban entre 25% y 30%, aunque reconoció que el mercado hipotecario de largo plazo apenas se está desarrollando. El contraste quedó marcado entre el discurso oficial sobre avances y la presión que el propio Gobierno admite sobre la vivienda.
Abinader sostuvo que Vivienda Feliz ha tenido resultados “como ningún otro programa” y aseguró que entre 70% y 80% de las viviendas de bajo costo del país se han construido durante su gestión, pero la discusión pública volvió a colocar en primer plano el problema de precios, financiamiento y regulación pendiente, con implicaciones directas para la clase media y para la capacidad del Estado de responder a tiempo.