El presidente Luis Abinader, mediante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, remitió al Senado un proyecto de reforma al artículo 1 del Código Civil dominicano para fijar un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La propuesta sostiene que la diferencia actual entre ambas demarcaciones provoca un desfase de un día que puede derivar en desigualdad al aplicar las normas y comprometer la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa además plantea otorgar validez a las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales, con el mismo efecto jurídico que la difusión impresa. Aunque el Poder Ejecutivo la presenta como parte de una modernización del sistema jurídico y de una divulgación más rápida y transparente, la reforma pone sobre la mesa la obligación del Congreso de examinar cómo se garantiza el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de alta integración social, económica, laboral y educativa.
El proyecto llega al Congreso con el argumento de adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente conserva una diferencia capaz de afectar derechos y generar incertidumbre, un escenario que obliga al Senado a revisar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.