Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) han ganado espacio dentro del esquema preventivo contra la corrupción administrativa en el Estado dominicano, en medio de una estrategia oficial que busca reforzar ética pública, transparencia y cumplimiento normativo. Pero el propio avance del modelo deja abierto el punto clave: si estas instancias podrán traducirse en prevención y control interno efectivos, o si terminarán reducidas a estructuras administrativas de bajo impacto en la cultura institucional.
El debate cobra más peso después de que el presidente Luis Abinader sometiera al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) como nuevo órgano rector en transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción y ética gubernamental. La expansión institucional, sin embargo, vuelve más urgente la exigencia de resultados verificables y de rendición de cuentas sobre la eficacia real de los mecanismos que el Estado presenta como respuesta anticorrupción. Las CIGCN, integradas por servidores públicos de distintos grupos ocupacionales, tienen entre sus funciones promover la ética, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y operar políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno, conflictos de intereses y acceso a la información pública.
El modelo fue establecido mediante el Decreto 791-21, que dio alta prioridad nacional a su implementación en instituciones del Poder Ejecutivo, pero el desafío sigue siendo el mismo: probar que el fortalecimiento formal del sistema no se quede en diseño institucional sin impacto comprobable.