La elevada cantidad de muertes asociadas al uso de motocicletas vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para ordenar el tránsito y proteger a la población. Si, como se sostiene, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está relacionado con este medio de transporte, la persistencia de correctivos débiles solo alargaría una crisis de seguridad vial con elevados costos humanos y económicos.
A partir de ahí, gana espacio la propuesta de detener por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, planteada como una salida extrema frente a la falta de respuestas eficaces. La idea se apoya en un panorama descrito como de impunidad casi absoluta, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Más allá de una medida tan drástica, el debate deja al descubierto la falta de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también señala la debilidad institucional de la Digesett, presentada como incapaz de responder con sus actuales potestades, cantidad de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es una brecha cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.