La propuesta de elevar de 0.15% a 0.20% el impuesto aplicado a las transferencias, contemplado en la Ley 30-26, volvió a colocar sobre la mesa el costo que terminan pagando personas y empresas cuando se ajustan los tributos. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió que el aumento encarecería operaciones cotidianas y podría limitar la bancarización, la inclusión financiera y la digitalización de pagos.
El planteamiento no se limita a un debate técnico del sector financiero. Si el gravamen sube, el efecto recae directamente sobre transacciones que forman parte de la vida económica diaria de ciudadanos y negocios, justo en un contexto en el que el Estado dice buscar mayor formalización. La pregunta de fondo es si una medida de ese tipo contribuye realmente a ampliar la base tributaria o si termina desincentivando el uso de canales formales.
La ABA sostuvo que el incremento puede generar un freno en los avances hacia una economía más digital y con mayor bancarización. Ese señalamiento obliga a mirar también el lado fiscal de la propuesta: cualquier alza impositiva tiene impacto en el bolsillo y exige una justificación clara sobre su necesidad, su destino y sus resultados.
En ese marco, la discusión sobre transferencias y bancarización no solo enfrenta dos objetivos de política pública, sino que abre el debate sobre cómo se distribuye el costo de recaudar más. Sin datos adicionales sobre recortes del gasto o ajustes en el aparato estatal, la medida queda expuesta como una carga adicional para los usuarios del sistema financiero.
La advertencia de la banca coloca presión sobre la discusión legislativa y fiscal: si se busca impulsar la inclusión financiera, el diseño tributario no debería castigar justamente las operaciones que pasan por canales formales.