Los propietarios del Jet Set llevaron ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional un recurso con el que buscan cambiar la forma de ejecución de las medidas conservatorias dictadas tras el colapso del establecimiento, en un expediente que mantiene bajo escrutinio la capacidad institucional de proteger a las víctimas sin diluir la rendición de cuentas. La apelación fue interpuesta por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial.
Su planteamiento no discute ni la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar, sino que cuestiona que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales de manera independiente, cada uno por hasta ese monto. Según los recurrentes, esa ejecución ha provocado una superposición de medidas que ya supera los RD$1,500 millones, tres veces el límite autorizado en la resolución apelada. Con ese argumento, sostienen que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se vulnera el principio de proporcionalidad y se convierte una garantía única en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes. La defensa pide a la Corte revocar solo el ordinal relativo a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y autorizar que la garantía de RD$500 millones sea constituida mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. También alega que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta protege adecuadamente los derechos de los acreedores. Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar el foco en una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no quede atrapada entre tecnicismos ni termine enviando una señal de fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social.
En medio del desgaste que arrastran las autoridades ante casos que reclaman resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no se convierta en otro contraste entre discurso y realidad.