Miles de indígenas, campesinos y sindicalistas se concentraron este lunes en La Paz después de más de 30 días de caminata desde el altiplano para exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en una jornada que llevó la crisis boliviana a un nivel de máxima tensión. Con el centro histórico militarizado y la plaza Murillo bajo fuerte resguardo, el deterioro del escenario político quedó además evidenciado por la confirmación de una cuarta muerte desde el inicio de las movilizaciones.
En los accesos al Palacio de Gobierno, efectivos policiales y militares recurrieron a gases lacrimógenos para contener el avance de la protesta, mientras el conflicto también se trasladaba al terreno judicial. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien el Ejecutivo acusa de instigación pública a delinquir y terrorismo.
Desde la COB, la medida fue calificada como una «persecución judicial» contra la dirigencia sindical. Argollo sostuvo que buscan «acallar» a los líderes de la protesta y ratificó el paro indefinido, en un escenario en el que los bloqueos mantienen aisladas a La Paz y El Alto. Al mismo tiempo, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó sobre la muerte de Alberto Cruz Chinche, dirigente campesino de los Ponchos Rojos, en un episodio que, según la versión oficial, ocurrió de forma accidental. Entre represión, judicialización y víctimas, la crisis deja ver un cuadro de desgaste institucional y de respuestas oficiales bajo creciente escrutinio.