Abril de Jesús Puello, de unos 16 años, era abusada de forma cotidiana por Raudy Jiménez Dicent, alias «Ayendi», de 25 años, en Los Arroyones de Básima, Villa Altagracia. El caso, por el que Jiménez Dicent es acusado de asesinarla, vuelve a colocar bajo escrutinio no solo al agresor, sino también a las instancias que debieron intervenir antes de que la violencia escalara. Según el texto, familiares, vecinos, maestros, policías y médicos interactuaban con la víctima y el agresor como si se tratara de una relación normal.
La dimensión institucional del caso resulta central: hasta donde se sabe, ningún fiscal, policía, médico o maestro inició un proceso para detener el abuso sexual que sufría la adolescente en la casa que habitaba con su agresor. Ese vacío de actuación refuerza el contraste entre el deber de protección y la realidad que enfrentan niñas y adolescentes violentadas, en un entorno donde el abuso puede ser normalizado por la comunidad y tolerado por quienes tienen responsabilidades de alerta.
El artículo también vincula esta tragedia con decisiones judiciales que, a juicio de la autora, envían señales de permisividad frente al abuso sexual de menores, al citar la decisión del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata en el caso de Wander Franco. En ese marco, la muerte de Abril no aparece como un hecho aislado, sino como una advertencia sobre un sistema que, cuando no actúa a tiempo, deja a las víctimas sin protección y abre un nuevo frente de exigencia de rendición de cuentas.