La audiencia por la muerte de Stephora Joseph, ocurrida durante una excursión escolar en 2025 en Santiago, derivó este jueves en un nuevo foco de cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público. Los abogados de la familia objetaron que el órgano acusador se opusiera a la solicitud de medidas de coerción presentada por la parte civil querellante y sostuviera que no encontraba responsabilidad en representantes del Instituto Leonardo Da Vinci ni de la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, donde ocurrió el hecho.
La defensa de los familiares insistió en que el caso se sustenta en una presunta negligencia extrema y en la falta de medidas de seguridad durante la excursión. En audiencia, también denunció que el Ministerio Público alegó que las víctimas no tenían derecho a presentar solicitudes de medidas de coerción. El tribunal, sin embargo, acogió los planteamientos de la parte querellante con apoyo en precedentes del Tribunal Constitucional y declaró la inconstitucionalidad por vía difusa del artículo 232 del Código Procesal Penal, que establece que solo el Ministerio Público puede solicitar esas medidas.
Ambos abogados afirmaron además que algunos actores del Ministerio Público estarían «comprometidos» con el centro educativo para favorecerlo en el proceso. El giro de la audiencia dejó en primer plano la exigencia de vigilancia sobre la actuación del órgano acusador en un caso en el que la familia reclama justicia por la muerte de la menor.