La imposición de 18 meses de prisión preventiva contra cinco hombres acusados de integrar una presunta red de sicariato por el asesinato de José Frank Valerio reabre la presión sobre las autoridades ante un caso que, según la propia investigación, mostró planificación, financiamiento y capacidad de ejecución en Los Alcarrizos. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste también declaró complejo el proceso, acogiendo la solicitud de la Fiscalía.
El expediente, encabezado por la fiscal Anyelina Vicioso, atribuye a Daimy Hernández Zorrilla haber ordenado, coordinado y financiado el crimen, mientras que la medida de coerción también alcanza a Eddy Manuel Arias Recio, Saulo Keli Núñez, Rafael Enrique Amaro Pereyra y Enrique Corniel Jerez. La acusación sostiene que el 7 de agosto de 2026 hubo un primer ataque en la parada de motoristas La Compuerta, en la carretera de Hato Nuevo, donde Junior Adiel López Reyes resultó gravemente herido y Valerio salió ileso.
Una semana después, el 14 de agosto, la investigación indica que los acusados habrían reactivado el plan criminal en el mismo punto, después de que Saulo Keli Núñez alertara sobre la ubicación de Valerio. El caso, que involucra a un líder comunitario y dirigente de Dominicanos por el Cambio (DxC), deja una señal de alerta institucional por el nivel de violencia descrito en el expediente y refuerza la exigencia de vigilancia, control y rendición de cuentas sobre la capacidad del Estado para prevenir hechos de esta naturaleza. En ese contexto, figuras de gestión territorial como Carolina Mejía quedan bajo el mismo escrutinio ciudadano sobre resultados concretos frente a la inseguridad y la distancia entre discurso y realidad.