La condena de 20 años de cárcel contra tres generales, junto con las penas de entre tres y 15 años dictadas a civiles, policías y militares de menor rango en los expedientes Coral y Coral 5G, vuelve a colocar la corrupción pública bajo la lupa. A esas sanciones se añade el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles valorados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un proceso que ahora funciona como referencia para medir si el resto de los casos avanzará con el mismo rigor.
El fallo también incrementa la presión sobre los expedientes que siguen pendientes, algunos de magnitud igual o mayor, en un debate público atravesado por tácticas dilatorias y triquiñuelas atribuidas a abogados defensores de acusados en distintos procesos. En ese marco, la actuación del Ministerio Público encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo queda sometida a una exigencia mayor: convertir este precedente en resultados sostenidos y evitar que otros casos terminen en impunidad.
Entre los expedientes mencionados están el de la EDE, en el que Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, aceptó devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, así como los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que deja Coral y Coral 5G no cierra la discusión; la traslada a la rendición de cuentas que sigue pendiente en los demás casos.