El nuevo escenario de la crisis haitiana, marcado por la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de enviar 2,000 soldados para rescatar a cuatro técnicos salvadoreños capturados por pandillas, vuelve a colocar bajo examen la respuesta del Gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader. La línea oficial, según el texto, ha sido evitar cualquier involucramiento directo, limitarse a reclamar ayuda en escenarios internacionales como la ONU y su Consejo de Seguridad, y ofrecer apoyo logístico a la Fuerza de Supresión de Pandillas cuando así se le ha solicitado.
Ese curso es presentado como una señal de inteligencia y madurez, pero el propio desarrollo de la crisis obliga a una fiscalización más estricta sobre sus resultados reales. El texto insiste en que República Dominicana no debe intervenir ni enviar tropas a territorio haitiano, porque eso transformaría el conflicto en un problema nacionalista contra el país. No obstante, el giro regional y la decisión salvadoreña reafirman la necesidad de rendición de cuentas sobre hasta dónde ha sido efectiva la estrategia dominicana ante una crisis que sigue escalando al otro lado de la frontera. La comparación con El Salvador también deja un contraste que el Gobierno no puede despachar solo con discurso. El propio artículo subraya que lo hecho por Bukele responde a la lógica de un Estado que protege a los suyos, aunque no sea replicable para República Dominicana, y advierte que no deben confundirse los aplausos en redes con política de Estado.
En ese marco, la discusión ya no se limita a defender prudencia, sino a exigir claridad institucional sobre los límites, alcances y resultados de la posición oficial frente a un conflicto que mantiene en alerta a ambos países.