Para el sociólogo José del Castillo, la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe publicar encuestas políticas hasta julio de 2027 constituye un «desaguisado legal» y una medida «totalmente ilegal», porque contradice la Ley Orgánica de Régimen Electoral y somete a la ciudadanía a una restricción informativa de largo alcance. Su planteamiento vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de fiscalizar decisiones administrativas que, según su lectura, desbordan el marco legal vigente.
Del Castillo afirmó que la JCE se extralimita en su potestad reglamentaria al establecer una prohibición que, conforme al artículo 216 de la Ley 20-23, solo rige durante los ocho días previos a la votación. «La Junta que tiene potestad reglamentaria no tiene potestad legislativa… no puede contravenir abierta y flagrantemente una disposición claramente establecida en el artículo 216 de la ley que la rige a ella», expresó. Además, recordó que fuera de ese período la legislación permite divulgar encuestas, siempre que cumplan con los estándares técnicos.
En el plano constitucional, el experto advirtió que la disposición vulnera la libre expresión y la difusión del pensamiento al impedir el acceso a estudios de opinión pública. «Lo que se está prohibiendo es que a la gente se le informe», señaló, al cuestionar una decisión que, a su juicio, trata al ciudadano como si no pudiera procesar información fiable. La crítica presiona a la JCE para explicar por qué adoptó una restricción más amplia que la prevista en la ley y por qué asumió un rol que, según esta objeción, corresponde al Congreso Nacional.