El Gobierno de Cuba anunció que presentará el próximo 7 de julio en Nueva York, ante la Asamblea General de la ONU, una denuncia por lo que califica como una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países para frenar cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. Con ese anuncio, La Habana vuelve a situar en el centro del debate el uso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según sostiene, ya está provocando daños directos a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense está desplegando “presiones inéditas” y recurriendo a “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para impedir esa denuncia en Naciones Unidas. Días antes, había anticipado que Cuba expondrá en esa sesión lo que considera “acciones agresivas” de EE. UU., al insistir en que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
Uno de los ejes de la presentación cubana será el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, está generando “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese señalamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política se traduce en un deterioro de las condiciones de vida, la discusión deja de ser retórica y pasa a exigir rendición de cuentas por sus efectos concretos.
Rodríguez también sostuvo que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, intenta justificar acciones que, según dijo, provocan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese escenario, la sesión solicitada por La Habana se perfila como una prueba para la comunidad internacional, no solo frente a la denuncia cubana, sino también ante la presión sobre los mecanismos multilaterales y el contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias que se atribuyen a esa estrategia.
El canciller afirmó además que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de esa previsión, la cita en la ONU vuelve a colocar sobre la mesa una advertencia institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que soportan las sociedades.