El desalojo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la zona costera de Pedernales, fue puesto en duda después de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, denunciara que la medida se ejecutó en violación de una sentencia judicial que, según afirmó, suspendía la aplicación de la Resolución No. 009-2026. El planteamiento concentra la atención en posibles explicaciones oficiales sobre el cumplimiento de las decisiones de los tribunales y la coherencia de la actuación administrativa.
En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón admitió que el negocio operaba dentro de la franja protegida de 60 metros a partir de la pleamar, pero sostuvo que su permanencia en el lugar había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente mediante excepciones contempladas en la legislación ambiental. Entre esos permisos mencionó la Autorización No. VCMYM-511-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida tras inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, además de otras autorizaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario agregó que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, emitida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, disponía suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo depositado contra la resolución de Medio Ambiente. La denuncia, unida a su versión de que no recibió notificación previa del retiro reciente, refuerza el contraste entre la actuación ejecutada y el proceso legal que, según dijo, seguía abierto.