Una demanda judicial presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) colocó bajo escrutinio a las autoridades migratorias de Estados Unidos por la retención, durante más de una semana, de una mujer embarazada de origen ghanés y su hijo de cuatro años con discapacidad en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles.
Según el recurso, la retención comenzó después de que Anabella Gyasi, de 38 años y con cuatro meses y medio de embarazo, expresara su intención de solicitar asilo tras llegar al país el 19 de mayo junto a su hijo, ambos con visa de turista y con planes de acudir a una consulta médica en Ohio por las graves deformidades congénitas del menor en ambas manos. La demanda sostiene que madre e hijo han permanecido en una habitación sin ventanas, con acceso limitado a alimentos y atención médica, y que la mujer habría requerido hospitalización en dos ocasiones por complicaciones relacionadas con su embarazo.
La ACLU sostiene que el caso refleja una política migratoria de la administración del presidente Donald Trump orientada a prolongar la permanencia de solicitantes de asilo en aeropuertos y otros puntos de entrada para presionarlos a desistir de sus peticiones y aceptar la deportación. Frente a esas acusaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguró que las denuncias son falsas y afirmó que las personas bajo custodia reciben atención médica adecuada, alimentos y medicamentos cuando se requiere. El expediente, sin embargo, instala un contraste directo entre la defensa oficial y las condiciones denunciadas en la demanda, con nuevas exigencias de rendición de cuentas sobre el trato a personas vulnerables bajo custodia.