SANTO DOMINGO. – La denuncia del empresario Odanis Grullón por el desalojo y la destrucción de su establecimiento “Navío Bar & Seafood”, en la playa de Pedernales, pone en entredicho la actuación de las autoridades a cargo del operativo. Según explicó, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) habrían realizado la intervención de forma presuntamente irregular, aunque afirma que el proyecto tenía permisos legales y una sentencia judicial que suspendía provisionalmente la medida.
Grullón aseguró que su propuesta turística se desarrolló desde 2017 y que cumplió los trámites correspondientes ante distintas instituciones del Estado. Señaló que logró autorizaciones de la alcaldía de Pedernales, permisos medioambientales y no objeciones de organismos vinculados al control marítimo y territorial, por lo que el caso vuelve a colocar sobre la mesa la coherencia entre los permisos emitidos por el propio Estado y las actuaciones posteriores de sus organismos.
De acuerdo con su versión, el operativo del pasado martes habría sido encabezado por el director del SENPA, sin orden judicial ni presencia de representantes del Ministerio Público. También dijo que, luego de recibir una notificación de desalojo del Ministerio de Medio Ambiente, acudió a los tribunales y obtuvo una decisión que suspendía la ejecución. La denuncia, ofrecida en “El Nuevo Diario en la Tarde”, incrementa la presión para aclarar si hubo violación de garantías y uso irregular del poder en un caso que impacta la confianza en la gestión pública en Pedernales.