República Dominicana fue incorporada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) al grupo de economías señaladas por presuntas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, en una investigación que podría desembocar en nuevos aranceles. El procedimiento, ejecutado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que 60 economías no han aplicado medidas suficientes para evitar que al comercio internacional ingresen productos elaborados bajo esas condiciones.
A partir de ello, Washington planteó aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a importaciones procedentes de esos mercados. Si bien la medida no supone sanciones automáticas, sí coloca a República Dominicana bajo un mayor escrutinio comercial en un momento en que Estados Unidos endurece su política con criterios vinculados a derechos laborales, seguridad económica y trazabilidad, lo que reaviva la discusión sobre la capacidad de vigilancia y respuesta ante riesgos que pueden impactar sectores clave.
La advertencia llega, además, por la alta dependencia dominicana del mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US$7,124 millones, equivalentes al 48.6 % del total de las exportaciones nacionales, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre los sectores potencialmente más expuestos se encuentran zonas francas, dispositivos médicos, manufacturas eléctricas, textiles y tabaco manufacturado, con un posible costo económico y laboral si la situación escala.