Una investigación presentada en el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica volvió a poner en evidencia un problema que golpea de forma directa a los hogares: el calor urbano no solo eleva la temperatura en las ciudades, también incrementa el consumo de electricidad y expone a la población a mayores riesgos de salud, mientras siguen pendientes respuestas de fondo desde la gestión pública.
El trabajo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), expuesto por la arquitecta Orisell Medina Lagrange, indica que el fenómeno de la Isla de Calor Urbano ha intensificado los desafíos ambientales en entornos urbanos del Caribe. En ese escenario, las zonas urbanas registran temperaturas más altas y un aumento del consumo de energía eléctrica, con un promedio de 19% más para refrigeración, aunque con variaciones según el área.
La investigación calcula además que por cada grado de aumento en la temperatura, la carga eléctrica máxima de un edificio subiría hasta un 4,6% y que el consumo total de electricidad crecería hasta un 8,5%. La propia investigadora advirtió que ese incremento del consumo provoca un alza directa y proporcional de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava un círculo de presión sobre servicios, bolsillo y entorno urbano.
La presentación del caso Bayahibe también abre una discusión que va más allá de lo técnico y exige vigilancia institucional: el color de las fachadas, los materiales de construcción y el uso de sistemas de refrigeración pasivos y de bajo consumo figuran como medidas para reducir la dependencia de la refrigeración mecánica. El dato coloca bajo escrutinio las prioridades con que se planifican las ciudades y obliga a que instancias como el Congreso no miren hacia otro lado ante un problema que ya tiene costo social medible.
A nivel de barrio, el estudio precisa además que los picos de calor aumentan el riesgo de morbilidad en la época cálida y pueden derivar en casos exacerbados por golpes de calor. La advertencia científica, presentada en un evento organizado por el MESCyT, deja así un contraste incómodo entre el discurso sobre desarrollo y la realidad de comunidades que enfrentan más calor, más gasto eléctrico y más vulnerabilidad sin que el problema pueda seguir tratándose como un asunto secundario.