Elizabeth Mena, abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), afirmó que los proyectos mineros en República Dominicana deben someterse a evaluaciones técnicas, ambientales, legales, sociales y económicas antes de decidir si sus riesgos pueden mitigarse o si corresponde frenarlos. A su entender, las decisiones sobre iniciativas de alto impacto no pueden resolverse solo desde la confrontación entre agua y actividad minera.
La exdirectiva planteó además que el debate debe incorporar los efectos ambientales de otras industrias y los problemas que afectan los recursos naturales del país. En referencia al agua, cuestionó que la atención pública se concentre en la minería mientras no se enfrenta con igual fuerza la contaminación de otras fuentes acuíferas. “Yo que trabajo todos los días en el río, particularmente en el Ozama y el Isabela, y el Ozama es el segundo vertedero más grande de la República Dominicana, aquí no hablan de eso”, expresó. Para Mena, la situación de esos ríos debe entrar de lleno en la discusión sobre protección hídrica, en contraste con un discurso ambiental que, según dijo, deja de lado problemas visibles.
En cuanto al proyecto Romero, explicó que la concesión no ha sido retirada, aunque el presidente de la República ordenó suspender los trabajos y la empresa sacó sus equipos y maquinarias. A su juicio, todavía deben continuar los estudios y los procedimientos técnicos, legales, ambientales y sociales para determinar si la iniciativa es viable.
Mena añadió que la seguridad jurídica es un elemento que los inversionistas toman en cuenta al decidir establecerse, un punto que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reglas claras y decisiones respaldadas en evidencia, por su alcance institucional y social.