La edición más reciente de RD Debate 2026 puso de nuevo a la minería en el centro de la discusión en República Dominicana, no solo por su peso económico, sino también por las demandas de control sobre el agua, el cumplimiento de las leyes y los derechos de las comunidades. El encuentro, convocado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), reunió a voces del sector minero, académico y ambiental en una conversación atravesada por visiones contrapuestas sobre el alcance real de una actividad presentada como motor de desarrollo.
Entre los participantes estuvieron el director general de Minería, Rolando Muñoz; el ingeniero geólogo Osiris de León; la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri; la abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena; el director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fernando A. Peña Segura, y el director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez. La composición del panel dejó ver que, además del discurso sobre inversión, infraestructura y empleos, persisten las advertencias sobre la necesidad de estudios científicos, evaluaciones técnicas y respeto a las disposiciones constitucionales y legales.
Muñoz defendió una visión de minería sostenible y sostuvo que los proyectos deben evaluarse por su impacto ambiental y por su aporte al desarrollo económico y a las oportunidades de las comunidades. Mena, de su lado, resaltó beneficios como empleos, ingresos fiscales, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructuras. Sin embargo, el propio desarrollo del debate evidenció que esos planteamientos conviven con reclamos de vigilancia pública y con la pregunta de si el país está asegurando, al mismo tiempo, protección de los recursos naturales, seguridad jurídica y respeto a las comunidades afectadas.