Seis organizaciones ambientales y comunitarias de la región Este reclamaron al Ayuntamiento de La Romana y al Concejo de Regidores presentar, antes de cerrar la estación de transferencia El Taller, un plan técnico, legal y transparente para el manejo de los residuos sólidos del municipio. El reclamo coloca bajo fiscalización una decisión que, según advirtieron, no puede ejecutarse sin explicar cómo se garantizará la continuidad del servicio ni cuánto costará.
La solicitud fue formalizada en un comunicado conjunto suscrito por la Coalición Ambiental La Romana, Amigos del Parque Nacional del Este (ECOPARQUE), la Fundación Río Chavón, la Coalición Ambiental del Este, Macorix Verde, la Asociación de Padres de Villa San Carlos y la Asociación de Comunitarios de Villa San Carlos. Las entidades sustentaron su exigencia en la Ley 225-20, su reglamento de aplicación contenido en el Decreto 320-21 y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
“No estamos en contra del saneamiento ni a favor de ninguna empresa. Si El Taller no cumple con las normas ambientales de la Ley 225-20, corresponde buscar una solución definitiva. Pero un cierre sin alternativa comprobada no resuelve un problema ambiental: lo traslada a las calles y lo convierte en una crisis de servicios públicos y de salud”, señalaron las organizaciones. También advirtieron que, si el cierre se concreta sin una opción funcional, el municipio podría enfrentar acumulación de desechos en las calles, riesgos para la salud pública y una eventual crisis en la recolección. Por eso pidieron un plan público de transferencia, con sitio y capacidad definidos, y transparencia total sobre los costos de la operación.