El creciente desembarco de Palantir en América Latina vuelve a poner en primer plano una discusión que los gobiernos no pueden eludir: quién controla una tecnología capaz de cruzar datos de múltiples fuentes para producir inteligencia sobre personas y territorios. La empresa, creada en 2004 en el clima posterior a los ataques del 11 de septiembre, nació con respaldo de In-Q-Tel, fondo creado por la CIA, y desde entonces ha mantenido vínculos con organismos como el FBI, ICE y la NSA.
Ese historial alimenta las advertencias sobre el uso político y social de estas herramientas. Palantir participó en la mejora de XKEYSCORE, el sistema secreto de análisis de información de la NSA conocido por las revelaciones de Edward Snowden, y también fue utilizada por ICE para deportar migrantes. Su herramienta Elite opera con cruces de datos como direcciones en Medicaid, registros de GPS y capturas de cámaras de videovigilancia para ubicar objetivos y calcular probabilidades de deportación.
En 2025, ICE destinó 30 millones de dólares para ampliar Elite y desarrollar ImmigrationOS, una plataforma de rastreo en tiempo real desde la entrada al país hasta la deportación. En ese contexto, la expansión de Palantir en la región refuerza una alerta institucional: sin controles democráticos, técnicos e institucionales suficientes sobre los gobiernos y sobre la propia empresa, la promesa de eficiencia puede derivar en vigilancia masiva y en un deterioro de la soberanía y las garantías ciudadanas.