El auto de “no ha lugar” dictado por la jueza de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros beneficiados reabrió el foco sobre la consistencia del proceso en el caso Calamar, en el que se alegó el desvío de RD$41,000 millones del erario público. Aunque el Estado Dominicano, a través de su equipo de Recuperación del Patrimonio Público, dijo sentirse satisfecho con la decisión, también informó que analizará los razonamientos del tribunal para definir acciones con las que buscaría revertirla y llevar el caso a juicio de fondo.
El vocero del ERPP, Sóstenes Rodríguez, sostuvo que la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional constituye “un nuevo precedente en la lucha contra la corrupción y desviación de fondos del erario”. No obstante, el propio anuncio de una revisión posterior de los fundamentos del fallo deja en primer plano la necesidad de fiscalizar el manejo del expediente y de esclarecer por qué dos de los tres exfuncionarios señalados resultaron exonerados en esta etapa.
Desde la defensa, José Ramón Peralta afirmó que el fallo confirmó la ausencia de pruebas objetivas y vinculantes en su contra y, por medio de su consejo encabezado por Pedro Balbuena, sostuvo que la decisión evidenció debilidades del expediente presentado por el Ministerio Público. Gonzalo Castillo, por su lado, agradeció a Dios y dijo que, sin importar la decisión judicial, se lanzaría con su proyecto presidencial. También fue beneficiado con el “no ha lugar” Daniel Guerrero Mena, hijo de Donald Guerrero.