LIMA. – Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú repudiaron el virtual triunfo de Keiko Fujimori y centraron el debate en las denuncias de blindaje político e impunidad por las muertes ocurridas durante la represión. La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que reúne a las 49 víctimas mortales y a decenas de heridos, llevó a cabo este martes un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir justicia por los hechos registrados durante las manifestaciones contra Dina Boluarte y en demanda de la liberación de Pedro Castillo.
La vocera Milagros Samillán, cuyo hermano falleció en Juliaca mientras ayudaba a heridos en una protesta, aseguró que no aceptarán “un gobierno de la hija de un dictador” y afirmó que, desde que se produjeron las masacres hace tres años, las familias han marchado sin recibir respuestas. Según explicó, el partido de Fujimori blindó a Boluarte y a los ministros que estaban en funciones durante la represión.
Los manifestantes también acusaron que, desde el Congreso, el fujimorismo ha impulsado leyes orientadas a favorecer la impunidad de policías y militares señalados por las muertes. Ante fotografías de fallecidos en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, reiteraron que Fujimori no los representa y advirtieron que continuarán las movilizaciones para exigir que no se cierre el paso a la justicia ni se consolide el blindaje a los responsables.