El Gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda y Economía, presentó un plan de ajuste fiscal con el objetivo de hacer frente a la desaceleración económica global y a las tensiones comerciales internacionales, al tiempo que procura recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. La propuesta fue expuesta por el ministro Magín Díaz ante directores de medios y será enviada al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana, lo que coloca en el centro del debate la necesidad de fiscalización legislativa sobre el alcance real de las medidas y sus efectos sobre la economía.
El paquete combina nuevas fuentes de ingresos con disposiciones de alivio tributario. Entre estas se incluyen la derogación de los anticipos para las microempresas, cambios para que las empresas pequeñas paguen como personas físicas en tres cuotas al año, la eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al sector agropecuario, la reducción de recargos moratorios, la formalización de acuerdos de pago, descuentos por pronto pago y una amnistía de deudas tributarias justificada por la coyuntura actual y por los cambios previstos en el sistema.
Además, contempla la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación, la indexación de tramos exentos del impuesto sucesoral, la reducción del impuesto para transmisiones entre padres e hijos en vida y una baja del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles para personas físicas. Con el proyecto ya encaminado al Congreso, la discusión no solo girará en torno a los incentivos anunciados, sino también sobre por qué se recurre ahora a un ajuste fiscal para responder a una crisis que el propio Gobierno atribuye al deterioro del entorno económico internacional.