La detención del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, señalado de pedir RD$100 mil a una mujer para permitirle viajar a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a poner en duda la capacidad de vigilancia en un punto sensible del sistema migratorio. El imputado fue arrestado justo cuando iba a recibir el dinero, en una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación está en manos de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La operación fue ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público y con representación del fiscal Miguel Crucey, luego del Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Más allá del arresto, el expediente coloca en primer plano una preocupación institucional: la presunta exigencia de dinero para hacer posible una salida internacional desde una terminal clave del país. El Ministerio Público adelantó que someterá al imputado en las próximas horas para solicitarle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.