La discusión sobre la ética pública regresó con referencias al “juego limpio”, pero el planteamiento deja al descubierto una verdad incómoda: si persisten malas prácticas desde espacios públicos y privados que contradicen ese ideal, la prioridad no puede reducirse a invocar valores, sino a fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas.
El texto resalta, en ese marco, a Milagros Ortiz Bosch y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por su papel en la denuncia y persecución de la corrupción. Ese reconocimiento, lejos de cerrar el debate, pone de relieve la magnitud de una “larga cola” de apropiación de bienes públicos por parte de minorías que, según se describe, han amasado fortunas mientras se agrava la miseria del pueblo y se compromete el porvenir nacional.
También se citan el llamado de la ministra Faride Raful a robustecer la convivencia ciudadana, la propuesta de un “contrato social por una sociedad justa basada en el respeto a los valores éticos y la empatía con los más necesitados” formulada por Reynoso en La Vega, y la campaña pública “Inquebrantables”, impulsada por el Gobierno a favor de la juventud. Sin embargo, el contraste entre ese lenguaje y la admisión de prácticas corruptas dentro del Estado y fuera de él obliga a una lectura menos complaciente: la ética no puede quedarse en consigna institucional ni en pedagogía pública mientras sigan pendientes las demandas de control efectivo.
La pieza concluye como una advertencia institucional más que como una celebración. Si el país todavía necesita insistir en “expiar” décadas de juego sucio, es porque el problema sigue dejando efectos concretos sobre la vida de la gente. De ahí que cualquier apelación oficial a la decencia solo adquiera valor político real cuando se traduzca en vigilancia sostenida, sanciones y resultados verificables, no únicamente en mensajes edificantes.