Bolivia vive una crisis política que, a poco más de seis meses de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, cuestiona su permanencia en el poder y abre un escenario incierto para el proceso democrático. Desde hace tres semanas, grupos movilizados encabezados por la Central Obrera Boliviana mantienen bloqueados los accesos por carretera a La Paz, en medio de actos vandálicos, saqueos, daños a bienes públicos y maltrato a personas ajenas al conflicto, todo bajo la consigna de renuncia del mandatario.
Ese conflicto deja al descubierto una crisis de representación que ya se había manifestado en las elecciones de 2025. La atomización del voto entre tres fuerzas de oposición al MAS —PDC, Libre y UN— y entre dos candidaturas provenientes del tronco del MAS, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, se combinó con un dato que marcó el malestar político: el voto nulo impulsado por Evo Morales semanas antes de la votación alcanzó el 19,8%.
A esa fragilidad institucional se suma el deterioro económico. En noviembre de 2025, Luis Arce dejó el poder en medio de una crisis de los carburantes, una contracción del PIB de 1,48% al cierre de su gestión y una inflación de 20,40%, la más alta del país en cuatro décadas. Parte de esa crisis fue enfrentada por la gestión de Rodrigo Paz, que el 17 de diciembre de 2025 dispuso por Decreto Supremo un alza de más