La disposición del INTRANT que pretendía volver obligatorio el uso de casco para los pasajeros de motoconchos terminó convertida en una muestra de desorden institucional. Aunque se presentó como una medida a favor de la seguridad vial, su aplicación provocó el rechazo de motoconchistas y derivó en un desmentido del director, dejando al descubierto la distancia entre lo anunciado y lo que realmente puede ponerse en práctica.
La Normativa Técnica Núm. 001-2025 respondía a un propósito atendible en un escenario donde los accidentes de tránsito involucran con frecuencia a motocicletas y tanto el conductor como su acompañante quedan expuestos a traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, el problema apareció al llevar la decisión al plano real: aunque el texto no decía de forma expresa que el motoconchista debía adquirir un casco adicional, la consecuencia práctica apuntaba a que la presión recaería sobre quien ofrece el servicio y no sobre el pasajero.
A esa confusión se añadió una omisión básica sobre las condiciones habituales del transporte. El uso compartido de cascos por decenas de pasajeros, en un entorno de altas temperaturas y humedad, abría un problema de higiene y logística que la normativa no resolvía. El episodio, más que un simple error de comunicación, vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión pública del transporte y la ausencia de respuestas consistentes ante un sistema que sigue mostrando señales de colapso.