La República Dominicana logró un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las reclamaciones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran magnitud, pero también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo se adjudican, ejecutan y concluyen concesiones de servicios esenciales.
El laudo, emitido el 19 de agosto de 2026 al amparo del acuerdo de inversiones firmado entre Francia y República Dominicana en 1999, estableció que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y respondió a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., compañía vinculada al demandante. El proceso había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01, a partir del contrato suscrito entre esa empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Asimismo, el tribunal concluyó que los hechos alegados no alcanzaban el umbral requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. El Gobierno acogió la decisión como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, en defensa del Estado y de la seguridad jurídica. Aun así, el caso deja expuesto un contraste de fondo entre el discurso oficial y una disputa que escaló hasta el arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que reclama rendición de cuentas sobre la gestión pública implicada y sobre los controles institucionales que rodean contratos de alto impacto ciudadano.