En plena preparación de su campaña de reelección para finales de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocó en el centro de la agenda una propuesta para reducir de 44 a 40 el máximo de horas semanales de trabajo en Brasil, sin recortar salarios. El Gobierno sostiene que la medida pondría fin, en la práctica, a la situación de casi 15 millones de trabajadores formales que hoy solo tienen un día libre cada siete.
El proyecto, promovido por el legislador del Partido de los Trabajadores Reginaldo Lopes, es presentado por el oficialismo como una respuesta para dar “más dignidad y tiempo libre” a quienes ganan menos y trabajan en condiciones más exigentes. Los ministros también afirman que el cambio reforzaría a las familias, la salud y el bienestar, además de elevar el rendimiento laboral.
Sin embargo, el movimiento también deja en evidencia el contraste entre el discurso de mejora social y la necesidad de convertir esa promesa en resultados concretos. En una economía que recién ahora busca pasar de una semana laboral de seis a cinco días para millones de personas, la discusión entra en una fase de vigilancia política e institucional: el alcance real de la reforma, su ejecución y sus efectos deberán ser sometidos al escrutinio del Congreso y de los sectores que exigen rendición de cuentas más allá del anuncio.