La objeción de Mario Díaz al aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago volvió a poner sobre la mesa una pregunta de control y rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa gran parte de la flota y, además, sostiene subsidios para el sector, ¿qué justificación queda para trasladar un nuevo costo a la población?
Díaz rechazó el incremento informado por Juan Marte, previsto para entrar en vigencia el próximo lunes, y sostuvo que en las condiciones actuales no existe base técnica, económica ni financiera para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su planteamiento evidencia una tensión que va más allá de Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente impidan abusos en un servicio esencial.
El dirigente recordó que el sector transporte continúa recibiendo respaldo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, así como el programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. A su juicio, trasladar aumentos a los pasajeros golpearía de manera directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen a diario del transporte público.
También llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y a abrir un espacio de diálogo y concertación con las autoridades. El episodio, sin embargo, deja una alerta institucional más amplia: cuando existen subsidios, congelamiento de combustibles y aun así aparece presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades quedan obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se supone debía contenerse.