La funcionaria Martínez advirtió que el cambio climático dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental y ya opera como una presión directa sobre la economía y las finanzas públicas de la República Dominicana.
Según explicó, los fenómenos extremos encarecen la infraestructura, los servicios y la actividad productiva, lo que obliga a que la planificación estatal incorpore medidas de mitigación y adaptación. En ese marco, el desafío no se limita a reconocer el problema, sino a responder con políticas sostenidas y evaluables.
La advertencia coloca sobre la mesa una exigencia de gestión pública: si el Gobierno incorpora el tema a su agenda, debe hacerlo con metas claras, seguimiento y rendición de cuentas sobre el costo de las acciones, su alcance y sus resultados reales para la ciudadanía.
El planteamiento también apunta a una dimensión fiscal que no puede ser ignorada. A medida que aumentan los impactos de eventos climáticos, el Estado enfrenta mayores presiones sobre el gasto, la infraestructura y la continuidad de servicios esenciales. Por eso, cualquier estrategia oficial en esta materia requiere transparencia sobre recursos, prioridades y capacidad de ejecución.
En un contexto donde la planificación pública suele medirse por anuncios, la alerta de Martínez reubica el debate en el terreno de los resultados: cómo se previenen daños, cuánto cuesta hacerlo y qué beneficios concretos recibe la población cuando se actúa a tiempo.