La decisión de incorporar a nueve universidades a programas de salud mental, rehabilitación y reinserción social en las cárceles dominicanas pone en primer plano una carencia de fondo: la insuficiente atención psicológica que reciben más de 25 mil privados de libertad en República Dominicana. La iniciativa fue impulsada por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, en coordinación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y la Universidad Carlos Albizu.
Participarán la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad de la Tercera Edad (UTE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Félix Adam (Unefa), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Profesores, investigadores y estudiantes desarrollarán intervenciones en los centros penitenciarios, junto con programas ocupacionales, laborales y productivos, actividades artísticas y musicales, y talleres de generación de ingresos.
La referencia de estas acciones son iniciativas aplicadas en Puerto Rico durante más de tres décadas. Pero el propio despliegue de apoyo externo y universitario también deja al descubierto el déficit de profesionales de salud mental dentro del sistema penitenciario dominicano, un punto sensible para medir si la respuesta oficial llega a tiempo y con capacidad real de sostener la rehabilitación y la reinserción social dentro de las prisiones.