La Operación Lanza del Sur, ejecutada por el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico Oriental, volvió a dejar víctimas este pasado sábado tras un ataque aéreo contra una lancha rápida en el que murieron tres presuntos narcotraficantes. Un día antes, otra incursión aérea en el Pacífico colombiano había causado dos muertes más. Con esos hechos, la operación acumula 202 fallecidos en apenas ocho meses.
Washington sostiene que las embarcaciones interceptadas transitaban por rutas conocidas de tráfico de drogas y enmarca el despliegue en su combate contra cárteles que cataloga como «organizaciones terroristas», entre ellos el Cártel de los Soles. Pero el aumento del saldo mortal ha reforzado los cuestionamientos sobre los protocolos aplicados y sobre la distancia entre la justificación oficial y los resultados verificables, ya que no se reportan procesos judiciales formales en tribunales estadounidenses contra los fallecidos.
Las alertas también han sido elevadas por organizaciones de Derechos Humanos, con Amnistía Internacional entre las voces que denuncian que la Casa Blanca no ha presentado pruebas fehacientes que vinculen a las víctimas con actividades delictivas y que tampoco las ha identificado formalmente. Los activistas añaden otro punto de fiscalización: los supervivientes de los ataques han sido liberados sin cargos, un dato que profundiza las dudas sobre la solidez de la evidencia en una ofensiva que sigue ampliando su costo humano.