El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare dictó este sábado una medida que ordena al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados en esa zona cuando exista información sobre la presencia de menores de edad, en una decisión que aumenta la presión institucional sobre la actuación oficial.
La providencia se conoció una semana después de que el Instituto de Medicina Legal reportara que tres menores murieron en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las FARC en zona rural de El Retorno. Aunque el Gobierno sostuvo que esa acción se ajustó a la legalidad, la respuesta judicial vuelve a enfrentar esa versión con el costo humano del operativo.
La tutela fue presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para amparar los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento. Como medida provisional, el juzgado dispuso que el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informen en un plazo de 48 horas qué medidas, protocolos y mecanismos aplican o reforzarán para detectar la presencia de niños en zonas donde se desarrollen operaciones militares.
El tribunal también pidió comprobar la información de inteligencia sobre un eventual reclutamiento o utilización de menores, valorar los riesgos para la población civil antes de operaciones aéreas y asegurar un enfoque diferencial y de protección reforzada de la niñez en la planeación y ejecución de esas acciones. El pasado 27 de agosto, tres de los diez cuerpos recuperados tras el bombardeo en El Retorno correspondían a menores de edad: dos de 15 años y uno de 16, según confirmó Medicina Legal.