Daniel Ortega declaró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición dispute el poder, una afirmación que coloca en términos explícitos lo que la oposición y distintos sectores vienen denunciando desde hace años: el abandono de la alternancia democrática y un nuevo avance en la consolidación autoritaria del régimen Ortega-Murillo. El pronunciamiento, hecho durante el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, reabre además el debate sobre la respuesta de los organismos multilaterales y de los gobiernos del hemisferio ante el deterioro democrático en ese país.
En Managua, el copresidente de 80 años afirmó: “Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”. También adelantó que impulsará nuevas normas junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir que partidos opositores puedan disputar el Gobierno mediante las urnas. El anuncio refuerza el contraste entre cualquier discurso de legalidad y la realidad de un sistema que, según el propio mandatario, busca clausurar la competencia política.
Frente a esa declaración, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió a la comunidad internacional actuar para que Ortega no siga “con total impunidad” y ejercer “la máxima presión política y diplomática” para abrir una ruta hacia la democracia. El grupo, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, sostiene que desde el retorno de Ortega al poder en 2007 el Gobierno sandinista les ha “robado ese derecho” a unas elecciones libres, en una denuncia que ahora encuentra una confirmación directa en boca del propio gobernante.